La suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero causó consternación e indignación en la población dominicana. Como consecuencia, reinaba un espíritu de desconfianza y de enojo frente al gobierno y las autoridades de la Junta Central Electoral (JCE).
Frente a esa situación, en nuestra calidad de presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), nos dirigimos al país ese mismo día, con la finalidad de proponer un diálogo, que sobre la base de la participación de diversos sectores de la vida nacional, construyese un consenso que permitiese la búsqueda de una solución pacifica, democrática e incluyente a la crisis institucional generada por la suspensión del proceso comicial.
Sectores de gran influencia y representatividad del mundo político, empresarial, religioso y de la sociedad civil, se incorporaron también a estos esfuerzos. Se produjeron encuentros, consultas y hasta acuerdos preliminares para proceder en la dirección del diálogo.
La agenda se concentraba en tres puntos esenciales:
Primero: La conformación de una comisión de acompañamiento a la Junta Central Electoral.
Segundo: Al establecimiento de garantías electorales para los dos próximos procesos, esto es, el de las elecciones municipales del 15 marzo; y las presidenciales y congresuales del 17 de mayo.
Tercero: Establecer las responsabilidades de lugar a propósito de la suspensión del torneo electoral del 16 de febrero.
En general, los distintos sectores involucrados en la realización del diálogo han estado de acuerdo en estos puntos de agenda. De igual manera, entre los partidos opositores hubo, en principio, un acuerdo con relación a quienes serian los integrantes de la Comisión de Diálogo, sus acompañantes y facilitadores.
Se consideraron distintas instituciones y personalidades, entre las cuales se encontraban el CONEP, en representación del sector empresarial; la Conferencia del Episcopado, por la Iglesia Católica; un representante de la Iglesia Evangélica; Participación Ciudadana, por la sociedad civil; y una destacada figura nacional.
Como acompañantes internacionales, se estimó procedente la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.
Estas sugerencias eran vistas con beneplácito por parte de los actores involucrados en la creación de un clima propicio para la celebración de este gran diálogo, esperado con interés por la sociedad dominicana.
Sin embargo, estas sugerencias se veían obstruidas por el gobierno. Este promovía la participación de actores estrechamente vinculados a la esfera oficial, lo que motivaba la necesidad de presentar nuevas alternativas, que, a su vez, eran desestimadas por los representantes del gobierno.
Estas consultas culminaron el pasado sábado, con la propuesta oficial de que el diálogo se realice dentro del marco del Consejo Económico y Social.
Para la Fuerza del Pueblo (FP) y los partidos aliados, lo más importante es que se produzca el diálogo; y que este contribuya a superar la crisis de confianza que se ha generado con relación al órgano electoral y permita la realización de procesos electorales que garanticen el respeto a la expresión de la voluntad popular.
Somos del criterio de que la sociedad dominicana debe acudir a los comicios programados para el 15 de este mes de marzo y el 17 de mayo de este año.
Sin embargo, es nuestro deber advertir que la propuesta del gobierno dominicano de que el referido diálogo se realice bajo los auspicios u organización del Consejo Económico y Social, resulta inapropiado.
¿Por qué razón resulta inapropiado?
Porque conforme al articulo 251 de la Constitución de la República, el Consejo Económico y Social se creó como órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral.
De manera especifica, nuestra Carta Magna, expresa: “La concertación social es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social. Para promoverla habrá un Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, cuya conformación y funcionamiento serán establecidos por la ley”.
Esa ley, que es la 142-15, en su artículo 3, indica lo que sigue: “El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo y de concertación social del Poder Ejecutivo, de carácter nacional, intersectorial e interterritorial, de carácter permanente, adscrito al Ministerio de la Presidencia.”
Ese mismo texto legal precisa la competencia del Consejo Económico y Social al señalar que coordina sus trabajos con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, así como con el Ministerio de Trabajo.
Así pues, al quedar limitada su competencia al ámbito de la concertación social, económica y laboral, su inclusión en un diálogo de naturaleza política y electoral, resulta inconstitucional.
El Consejo Económico y Social, que el gobierno aspira organice y conduzca el diálogo para solucionar la crisis política e institucional ocasionada por el intento fallido de fraude electoral del pasado 16 de febrero, es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo, adscrito al Ministerio de la Presidencia y coordinado con otros ministerios.
Por lo tanto, al ser un órgano del gobierno, está también descalificado políticamente para servir de organizador del referido diálogo nacional.
Más aún, siendo el gobierno un actor de principal importancia en la crisis generada, carece de la legitimidad para organizar y dirigir un diálogo cuyo propósito es, precisamente, superar la crisis de confianza que actualmente existe con respecto al propio gobierno y a la Junta Central Electoral.
Por consiguiente, nuestra objeción a que sea el Consejo Económico y Social el que sirva de marco de referencia para la conducción del diálogo nacional, se debe, no a la oposición al diálogo en sí, del cual hemos sido uno de sus principales promotores, sino al hecho del carácter inconstitucional y políticamente ilegítimo el que lo realice ese órgano consultivo del Estado.
Aceptar participar en un diálogo cuyo organizador carece de las facultades constitucionales para hacerlo, y carezca de legitimidad política para impulsarlo, sería contrario al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho al que aspiramos; y una nueva estocada institucional a la democracia dominicana.
Con lo antes dicho, no es nuestro deseo impugnar las cualidades de honorabilidad y de capacidad de las personalidades integrantes de dicho Consejo Económico y Social, que estamos conscientes podrían hacer una importante contribución en la búsqueda de soluciones de la actual crisis que nos agobia.
El establecer la inconstitucionalidad del referido órgano consultivo del Poder Ejecutivo para ser el centro de gravitación del diálogo nacional, no constituye un mero acto de formalidad legal. Se trata, más bien, de que bajo cualquier circunstancia y condiciones, resulta imprescindible respetar y hacer respetar nuestra Constitución.
Finalmente, es criterio de la Fuerza del Pueblo (FP) y de los partidos aliados, de que habiendo desempeñado la juventud dominicana, un rol democrático trascendental en las recientes jornadas de defensa de nuestra institucionalidad, debe reservársele un papel igualmente relevante en la mesa de negociaciones.
El gobierno no debe empecinarse en desempeñar un rol de mediación, a través de sus instituciones, en el diálogo tan anhelado en estos momentos por el pueblo dominicano. Debe, simplemente, limitarse a asumir su rol de parte en el proceso, como todos los demás; y en lugar de generar obstáculos y dilaciones para su realización, contribuir, por el contrario, de manera franca y sincera a su culminación exitosa en beneficio de todo el pueblo dominicano.
Esperamos que así sea. La nación y las circunstancias, así lo demandan.
¡Muchas gracias!
