En su artículo “Los parias del Caribe”, publicado en periódico El País, el premio Nobel de Literatura 2010 dice que “La sentencia del Tribunal Constitucional dominicano es una aberración jurídica y parece directamente inspirada en las famosas leyes hitlerianas de los años treinta dictadas por los jueces alemanes nazis para privar de la nacionalidad alemana a los judíos que llevaban muchos años (muchos siglos) avecindados en ese país y eran parte constitutiva de su sociedad”.
Reclamo de embajadores
Los embajadores de la República Dominicana en España y en el Reino Unido, César Medina y Federico Cuello Camilo, respectivamente, dijeron que Vargas Llosa acusa falsamente a la República Dominicana de colocar en situación de apátrida y desnacionalización a los inmigrantes haitianos que residen en el lado occidental de la isla, privándoles del acceso a los servicios de educación y salud.
Los diplomáticos reclamaron al diario madrileño “El País” un desagravio que repare el daño provocado por la ilustración que acompaña al artículo que muestra la bandera nazi con la cruz gamada y la imagen del país.
Estiman que las afirmaciones de Vargas Llosa son producto de la desinformación “ya que otra cosa sería imposible pensar de alguien que ha sido tan generosamente acogido en nuestro país”.
Admitieron que el novelista tiene derecho a escribir lo que quiera en la forma que prefiera, pero “lo que de ninguna manera podemos aceptar es que El País utilice ilustraciones como la que acompaña el artículo de Don Mario, máxime cuando, al igual que en nuestro país, ni en España, ni en Perú, ni en más de dos tercios de la membresía de la Organizaciòn de Naciones Unidas (ONU) se confiere automáticamente la nacionalidad en base al ius soli a los hijos de inmigrantes indocumentados”.
Resaltaron que en España existe incluso jurisprudencia al respecto, “negando la nacionalidad española a hijos de inmigrantes indocumentados dominicanos”.
Medina y Cuello remitieron una comunicación con sus observaciones al diario español, a la cual anexaron copia de la sentencia de la Corte Constitucional dominicana TC/168/13.
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