Ruptura de diálogo alinea al país

El Plan de Regulación de Extranjeros parece el único camino posible que el régimen dominicano puede recorrer, al menos por el momento.

La decisión del Gobierno del presidente Medina de suspender los contactos con Haití tras la decisión del CARICOM de cerrar sus puertas a la República Dominicana, no ha hecho más que unificar en torno al gobernante a casi todos los sectores políticos y sociales, quizás sorprendidos por la intransigencia del país vecino.

Quienes conocen la manera en que los haitianos negocian no se sorprendieron de que, tras la firma del acuerdo de buena voluntad entre el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo y el canciller de Haití, Pierre-Richard Casimir, en San Isidro, el régimen de Martelly alentara el repudio a RD asumido por el CARICOM.

Quizás para mal en las posibilidades de un entendimiento en torno a la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional, los llamados neonacionalistas han tomado fuerza y han llegado a advertir al Senado de los Estados Unidos sobre consecuencias en el caso de que ese poder se proponga favorecer la causa haitiana.

La razón de esas advertencias de la parte neonacionalista dominicana aparentemente radica en supuestos rumores que circulan desde hace días en cuanto a que en el Senado de los Estados Unidos circula una nota de condena a la RD por la decisión del TC, aplazada su publicación por el feriado de Acción de Gracias.

La divulgación el pasado martes del Plan de Regulación de Extranjeros, que contiene las normas que regirán el proceso de acreditación migratoria en RD, y que le costará a la parte dominicana una fortuna que no estaba contemplada en el Presupuesto del año venidero, irritó a los haitianos.

Es paradójico que también causara mal humor entre ciudadanos que reclaman el reconocimiento como dominicanos de todos los hijos de nacionales haitianos nacidos en el país y que han vivido por largo tiempo. El desaire haitiano, que hizo a la parte dominicana abandonar las negociaciones, dejó sin aliento a muchos críticos de la sentencia del TC.

Ahora, luego de la actitud de Haití, que implícitamente no reconoce el valor del diálogo bilateral ni el Plan de Regularización de Extranjeros, lo que queda a la parte dominicana es sostener su programación, fortalecer el servicio exterior, mantener al corriente a los países amigos y disminuir el nivel de las relaciones diplomáticas.

El plan es bueno
El plan, rechazado en parte por los neonacionalistas, que amenazan con hacer manifestaciones en todo el país, quizás no era lo que esperaba Haití y los detractores de la sentencia del TC, pero parece el único camino posible que el régimen dominicano puede recorrer al menos por el momento.

Si el régimen del presidente Medina adoptara una posición de complacer a la parte haitiana en cuanto al reconocimiento de la nacionalidad de todos los inmigrantes de ese país, ocurrirían tres cosas:  una estampida hacia el territorio dominicano, contrariedad con el poder del Estado que dispuso la sentencia, el TC, y enorme riesgo de perder apoyo popular.

El plan dado a conocer el martes a través de los medios de comunicación dominicanos establece “un proceso especial de naturalización” para los hijos de extranjeros ilegales nacidos en el territorio nacional, lo que no es aceptable para la parte haitiana ni para los dominicanos que denuncian la sentencia.

La propuesta establece que para los nacidos en RD, hijos de padres extranjeros en condición migratoria irregular y a quienes no les correspondía la nacionalidad conforme a la normativa vigente, les asistirá potestad de acogerse a un proceso especial de naturalización que se dictará para el efecto.

En apariencias la propuesta del plan parece complicada, sobre todo porque implicaría una enorme campaña de información y propaganda a nivel de los dos países, en creole y español, para que los haitianos ilegales no teman que la misma se dirige únicamente a expatriarlos a su país, donde quizás no tienen raíces.

Una de las quejas de los críticos de la sentencia 168-13 fue que el plazo de tres días dado a los que quisieran formular recomendaciones era muy corto, dadas las circunstancias. La propuesta obligaría a los extranjeros  presentar documentos de identidad personal regularmente expedidos por autoridades competentes del Estado del cual resulta nacional. En el caso de Haití eso algo difícil.

El Ministerio de Interior y Policía establece un registro de evaluación para solicitantes, que se acompañará de sus datos biométricos asociados a por lo menos sus huellas dactilares y patrones que permitan el reconocimiento facial, pero deja una puerta para los extranjeros que no cuenten con documentación.

En ese caso la solicitud de regularización será acogida sin el depósito de esos documentos, en el MIP, pero se capturarán los datos del interesado quedando sujeto a la presentación de los documentos faltantes en el período restante del Plan, cuya fecha límite será el 28 de febrero de 2015. El jueves, Marie Etiene Desir Joseph, hija de haitianos ilegales, fue juramentada como dominicana acogiéndose a las normas de la sentencia.

(+)
LOS HAITÍANOS CONFÍAN EN LA CIDH
Después de abortado el acuerdo entre el ministro Montalvo y el canciller Casimir, el régimen del presidente Martelly posiblemente confía en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que visitará la RD esta semana hará un informe negativo sobre la situación de los derechos humanos, que convenga a sus demandas.

El encargo de la CIDH es analizar la situación de los derechos humanos en la RD en lo relativo a los derechos a la nacionalidad, la identidad, la no discriminación, así como otros derechos y problemáticas relacionadas. Un comentario negativo dañaría la reputación del régimen de Medina y dejaría dudas sobre la validez del Plan de Regularización.

La delegación de la CIDH, que encabeza su presidente el abogado y académico liberal mexicano José de Jesús Orozco Henríquez, recibirá cualquier denuncia sobre violaciones a los derechos humanos, al derecho de igualdad, identidad y no discriminación, desde el lunes  2hasta el jueves 5 del corriente.

El viernes 6 a las 11:00 A.M., ofrecerá una declaración de prensa, con lo que se cree que sería un informe provisional antes de llevar el tema al Consejo de la OEA.

Con los antecedentes de condena a la parte dominicana, los haitianos razonablemente estiman que se repetirá esta vez la situación del pasado que se deriva de los mismos problemas de la ilegalidad de muchos haitianos que viven en la RD y que alegan, junto a organizaciones políticas y humanitarias, que son dominicanos discriminados.

El llamado a consultas por la Cancillería dominicana del embajador en Puerto Príncipe, Rubén Silié y la disminución del personal diplomático al más bajo nivel, según rumores, es una señal mala solamente superada en la adversidad por la petición del presidente del comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados de Haití, Abel Descolines, para que su país evalúe romper relaciones con la RD, un paso extremo que dañaría los negocios entre los dos países y alarmaría a la comunidad internacional.

Al Gobierno dominicano no le ayuda el hecho de que tantas voces civiles y militares de su seno se están refiriendo a un caso que debería ser de la competencia exclusiva del Ministerio de Interior y Policía, de la Cancillería y el Palacio Nacional. En el régimen hay librepensadores radicales de antiguo antihaitianismo, que llaman traidores a los que ripostan la sentencia 168-13.

Hay también mucha aprehensión en el ambiente. El jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo dijo ante el director y los editores de LISTÍN DIARIO, durante un almuerzo el jueves que haitianos violentos están azotando la región oriental, en el primer polo turístico dominicano y que más de 200 mil ilegales viven en la región y se vinculan a drogas, crímenes, asaltos y robos.