SANTO DOMINGO, RD- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, consideró este lunes que el mensaje de los obispos a través de Carta Pastoral, emitida por la conmemoración del 170 aniversario de la Independencia Nacional, en donde pide la pronta aprobación de la Ley de Partidos Políticos, es acertada y oportuna, porque en la República Dominicana urge de un instrumento legal que reglamente los actos de las organizaciones partidistas.
Dijo que la Ley de Partidos Políticos es un instrumento muy importante y necesario para modernizar la actividad política y adecentarla.
Indicó que esa manifestación de la Conferencia del Episcopado Dominicano, contribuye al desarrollo integral y la construcción de la paz social.
La Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas pendiente de aprobación en el Congreso Nacional, es una herramienta que transformará la vida institucional de los partidos políticos en la República Dominicana.
El anteproyecto establece: el derecho a todos los ciudadanos y ciudadanas a organizar partidos y agrupaciones políticas.
El anteproyecto establece: el derecho a todos los ciudadanos y ciudadanas a organizar partidos y agrupaciones políticas.
Asimismo, que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los jueces del Poder Judicial, los funcionarios del Ministerio Público, los jueces y funcionarios de la Junta Central Electoral (JCE) no podrán afiliarse a los partidos políticos.
También establece que nadie puede estar afiliado en más de un partido político, no se podrá utilizar los símbolos patrios como nombres, siglas o símbolo de ningún partido político.
Los partidos políticos tendrán derecho a elegir a sus autoridades internas conforme a sus estatutos, presentar candidatos a diferentes cargos públicos de elección popular, ejercer oposición pacífica, formar alianzas y coaliciones, garantizar la democracia interna y la equidad de género, garantizando en un 33 por ciento la participación de la mujer en los organismos de dirección.
Igualmente fomentar la formación política, garantizar la democracia interna, la igualdad de derechos y deberes de los miembros y el ejercicio político transparente.
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