El Senado aprobó esta noche en primera lectura con modificaciones el proyecto que crea a Loma Miranda Parque Nacional. La Cámara de Diputados al aprobar el proyecto le agregó otros diez kilómetros para el área de amortiguamiento.
El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, pidió al secretario Manuel Güichardo, leer el informe a las 8:22 y se dio apertura a los debates que cerraron a las 9:15 de la noche.
El proyecto fue aprobado con 25 votos de los 26 senadores presentes. El voto disidente fue el del senador Félix Nova.
Los senadores que votaron positivamente fueron Reinaldo Pared Pérez, Cristina Lizardo, Euclides Sánchez, Adriano Sánchez Roa, Julio César Valentín, Rafael Calderón, Manuel Guichardo, Manuel Paula, Luis René Canaan, Prim Pujal, Juan Olando Mercedes, Félix Vásquez, Eddy Mateo Vásquez, José Rafael Vargas, Dionis Sánchez, Francis Vargas, Aristides Victoria, Rubén Darío Cruz, Wilton Guerrero, Amilcar Romero, Ivonne Chain, Amarilis Santana, Carlos Castillo y Charlie Mariotti.
El senador Rafael Calderón, presidente de la comisión estableció en su informe que durante seis meses se realizaron visitas, consultas, se analizaron documentos y cartas para evacuar la decisión.
El Senado fue apoderado del proyecto que crea a Loma Miranda como Parque Nacional, el 10 de octubre del pasado año 2013.
La comisión especial, además de Calderón, la integraron Rubén Darío Cruz, José María Sosa, Prin Pujals Nolasco, Francis Vargas, Antonio Cruz y Arístides Victoria Yeb.
La comisión explicó minuciosamente el proyecto y enfatizó que analizó detalladamente las documentaciones recibidas y las opiniones vertidas por los distintos sectores de la sociedad en relación al proyecto de Loma Miranda.
Expuso que también se analizaron trabajos y publicaciones, material escrito, exposiciones de expertos en la materia y de instituciones de la sociedad civil, iglesias y medios de comunicación, que emitieron sus consideraciones al respecto a la iniciativa, para llegar a conclusiones concretas, apegadas a los mejores intereses de la Nación en el orden jurídico nacional y la Constitución.
Félix Nova
El senador Félix Nova, de la provincia Monseñor Nouel, expuso que como senador, es un guardián celoso para defender la Constitución.
“No levantaré nunca la mano por algo que pueda lesionar los intereses de los más de 200 mil habitantes de mi provincia”, señaló.
Apuntó que “nosotros estamos votando por una ley que transgrede la Constitución en sus artículos 51 y 237, por lo que deploró que la Comisión Especial no habló con los 141 dueños de terrenos que están en la zona de Loma Miranda.
Indicó que en el Presupuesto General del Estado, se establecieron 350 millones de pesos, que se dice se van a recaudar para realizar estudios mineros, y que Medio Ambiente pretende cobrar un 10 por ciento.
Dijo estar sorprendido de la irresponsabilidad de la clase política y en el país, “porque un medio de comunicación nos impone la agenda en el Congreso Nacional. En el Gobierno de nosotros el Ministro de Medio Ambiente jugó un papel muy pobre en este tema”.
Sostuvo que los diputados también actuaron de manera irresponsable y actuaron mediante una campaña mediática.
“Me acusan de agente de Falcondo, pero no soy agente de nadie, sólo de Monseñor Nouel”, dijo.
Euclides Sánchez
El senador por La Vega, Euclides Sánchez sostuvo que este es un proyecto debatido, y felicitó a la comisión “por hacer un trabajo extraordinario”.
“Además de que el país tiene los ojos puestos en nosotros, por ser este un tema nacional que recibió el respaldo de instituciones nacionales e internacionales. Loma Miranda no es una mina de níquel, sino una mina de agua que sustentará el futuro de las nuestras generaciones”, dijo.
Manifestó que no hay 150 adquirientes en los alrededores de Loma Miranda, sino suman unas siete familias, y se ha querido confundir que son más de cien las que serían afectadas.
Pared Pérez
En tanto que el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, dijo que este proyecto generó tanto debate y conflictos, pero que de manera responsable va a votar a favor del informe que rindió la comisión a la cual felicitó.
Abogó que con la experiencia vivida con el proyecto de Loma Miranda, el Estado dominicano piense en una política minera, ya que este es un país que no tiene petróleo, gas natural, pero sí tiene en cambio mucha riqueza minera.
Citó el artículo 194 de la Constitución sobre el ordenamiento territorial, que se impone la producción de una ley para el reordenamiento territorial, los recursos naturales y mineros.
El presidente del Senado Admitió que el Estado asumió obligaciones y se van a derivar algunas consecuencias.
“No le tengo miedo a chantajes. Tengo 30 años de ejercicio profesional y político, pero no hay nadie que pueda decir que le haya dado un centavo a Reinaldo, es más, ni se han atrevido, porque lo mando a freír tusas”, apuntó.
“Félix se impuso a la opinión nacional de que Loma Miranda fuera declarada Parque Nacional. Felix Nova, yo te felicito, porque desde tu punto de vista como representante de Monseñor Nouel estás jugando tu papel y defendiendo los intereses de tu provincia”, subrayó.
Proyecto
El artículo primero del proyecto indica que “se crea el Parque Nacional Loma Miranda con el propósito primario de conservar las fuentes acuíferas, la biodiversidad, integridad ecosistématica y paisajista, mitigar los impactos del calentamiento global y la perturbación del clima”.
Refiere además, que busca la preservación de las potencialidades intrínsecas de los recursos y ambientes naturales capaces de garantizar su uso y aprovechamiento inteligente por parte de la sociedad dominicana, a través del desarrollo del ecoturismo, la recreación y la educación ambiental.
AIRD preocupado por "consecuencias"
La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) mostró preocupación por las posibles implicaciones negativas que se derivarían de la aprobación del informe de la comisión especial del Senado que tuvo a su cargo la revisión del proyecto de ley que convertiría en parque nacional a Loma Miranda e indicó que el Congreso Nacional está en un momento adecuado para fomentar la formulación de políticas que faciliten el equilibrio entre sostenibilidad ambiental y desarrollo minero.
En un documento de prensa la AIRD indicó que la Comisión del Senado que elaboró esta propuesta no establece con claridad qué se protege y apenas hace enunciados generales en los que habla de un "ecosistema muy singular", que atesora "inestimable riqueza biológica", en base a lo cual busca declarar la zona parque nacional como “un bien mayor de la nación”, y consideró que no es apropiado tomar una medida tan trascendental como la que se pretende en este proyecto de ley sin los estudios técnicos correspondientes que indiquen, con detalles, qué se busca proteger y entrando, inclusive, en contradicción con la Ley 01-12 que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo, la cual restringe la posibilidad de crear nuevos parques nacionales.
La cúpula industrial afirmó que todo el mundo sabe que la AIRD promueve el desarrollo sostenible y que lo ha expresado en múltiples ocasiones. “Creemos en el ejercicio de una minería ambientalmente responsable. Creemos que los avances tecnológicos permiten a la industria minera ser cada vez más amigable con el medio ambiente y los recursos naturales, pero también creemos que los Estados deben hacer valer su papel de reguladores y guardianes del cumplimiento de las leyes y disposiciones ambientales, cuidando del patrimonio natural a la vez que de las iniciativas productivas que conducen a la mejora de calidad de vida de una población".
Indicaron que de lo que se trata, entonces, no es de decir no a la minería, sino de establecer parámetros ambientales altos y de que el Gobierno vele por su cumplimiento.
Advirtieron que, tal como señaló el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, se debe actuar sopesadamente y con prudencia ante el costo tanto económico como político que implicaría un conflicto como el planteado con el sector minero. “Nos encontramos en circunstancias en que el Estado debe sopesar costos, tanto monetarios como de imagen internacional ante un hecho que pudiera afectar la seguridad jurídica y el clima de inversión. Una decisión de esta naturaleza, sin el soporte técnico correspondiente podría dar una mala señal a los agentes económicos", afirmó la AIRD.
Un artículo inconstitucional
La Asociación de Industria estimó que el proyecto podría conllevar implicaciones de inconstitucionalidad si se aprueba el artículo 9 del mismo, al crear multas y cargas administrativas que no son facultad del Congreso Nacional y que según la Constitución de la República deben ser establecidas por el ministerio facultado para esos fines, como contraprestación de un servicio. En ese artículo se establece un incremento de 10% al valor a pagar al Ministerio de Medio Ambiente por el concepto de una licencia o permiso ambiental aprobado para cada empresa, institución o persona para tener derecho a la exploración o explotación en el territorio nacional o en su plataforma marítima de minerales metálicos y no metálicos.
“Es decir, alguien que busque una licencia para una exploración o explotación minera en cualquier otra provincia del país es penalizado con el supuesto propósito de resarcir a los propietarios de Loma Miranda, lo cual es improcedente”, indicó la AIRD.
En adición, consideraron negativo lo establecido en el numeral 2 de este mismo artículo 9 que instituye “una multa equivalente al doble del valor de mercado del área o territorio que haya sido impactado negativamente como consecuencia de la exploración o explotación de materiales metálicos y no metálicos, en el territorio nacional y su plataforma marítima, lo que contradice lo establecido en la Ley 64-00 y sus reglamentos que disponen los procedimientos para establecer las sanciones cuando se violan disposiciones ambientales o se incurre en incumplimiento de lo establecido en una licencia o permiso ambiental. Esta disposición obvia esta realidad y parece, además, penalizar de antemano toda industria minera y de la construcción, sin tomar en cuenta los planes de gestión del medio ambiente que llevan las empresas, indicaron.
Finalmente, la AIRD hizo un llamado a los legisladores a actuar con prudencia ante esta situación.
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