Lamento profundamente tener que emitir este mensaje, no puedo dejar de pensar en como se siente cada una de las familias de los treinta y cuatro bebés fallecidos recientemente en el Hospital Materno-Infantil San Lorenzo de Los Mina.
El primero de los Derechos, es la vida, y el Estado está obligado a garantizarla, por lo que deben establecerse las sanciones a los responsables, además de instituir los métodos para evitar que algo tan alarmante y preocupante vuelva a ocurrir.
Queremos dejar claro que en un caso de consternación nacional como este, no bastará con culpar al eslabón más débil de la cadena y lavarse las manos, ESO NO PASARÁ, demandamos una investigación rigurosa y que cada una de las personas implicadas, en mayor o menor medida, en este trágico acontecimiento se vea obligada a asumir la responsabilidad del hecho, en vista de que lo que ha sucedido, es una clara negligencia.
Fue sorprendente para mí, ver la denuncia del presidente del Colegio Médico Dominicano, donde manifiesta que este Centro carece de lo más elemental, como es el agua y el jabón, además de venir presentando un deterioro progresivo por el desapego y la política que se ha introducido en los hospitales públicos del país.
La sociedad en sentido general, requiere una explicación de qué pasó allí verdaderamente, más allá, de lo que se ha dicho de forma preliminar, todos tenemos el derecho de saber si estas muertes pudieron ser evitadas con una intervención eficiente de las autoridades de ese hospital.
Como Ente fiscalizador desde el Congreso Nacional, estoy en la mejor disposición de asumir el compromiso, en todo lo necesario, para que un hecho de esa naturaleza no se vuelva a repetir.
Ana María Peña
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