La empresa Servicios Ampliados de Teléfonos (Satel) y el Grupo Telemicro informaron que ha apoderado a los tribunales del país y al Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) sobre el uso irregular de algunas de sus frecuencias por parte de la compañía Orange Dominicana, problema que su nuevo presidente Patrick Drahi ha admitido en su primera aparición pública tras adquirir la telefónica junto a Tricom.
Satel y el Grupo Telemicro reclaman ser propietarios de las frecuencias telefónicas comprendidas desde el rango 941 al 960 y de las 2110 hasta la 2120, las cuales desde hace tres años están siendo utilizadas, de manera ilegal e inconsulta, con el consecuente beneficio económico, por Orange Dominicana.
“Las frecuencias del segmento 2110 al 2120 han constituido el rango utilizado por Orange Dominicana para ofrecer a su clientela la tecnología 4G en sus servicios de telefonía e internet y las restantes en su tecnología 3G que le ha permitido crecer en un mínimo porcentaje a una escala significativa a nivel nacional, para lograr alcanzar un volumen de negocios de 451 millones de euros en el 2012, a costa del uso de nuestras frecuencias”, indicaron en un comunicado.
Advirtieron a la empresa Altice, representada por el señor Patrick Drahi, que Orange Dominicana no estaba autorizada a comercializar con los segmentos de frecuencias propiedad de Satel, ya que el Indotel sólo le había permitido mediante resolución 122-09, de fecha 30 de noviembre del año 2009, una simple autorización provisional por seis meses para fines de realizar pruebas en las frecuencias del 940 al 945.
Precisaron que en esa resolución, en su artículo segundo, el Indotel establece “disponer que el permiso provisional otorgado mediante el ordinal Primero, que antecede, se extinguirá automáticamente, con la simple llegada del término, por lo que las pruebas a ser efectuadas por Orange Dominicana S.A., a través de las referidas frecuencias, no podrán exceder de las fechas autorizadas en esta resolución, a cuyo vencimiento Orange Dominicana deberá concluir, de manera inmediata y sin necesidad de requerimiento de Indotel, el uso de las mismas so pena de sufrir la aplicación de las sanciones establecidas por la Ley General de Telecomunicaciones número 153-98 del 27 de mayo de 1998 por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico sin la debida autorización.
Satel y el Grupo Telemicro aseguraron que las frecuencias les fueron otorgadas por la antigua Dirección General de Telecomunicaciones en fecha 7 de julio de 1998 mediante las resoluciones 09-38, 09-39 y 12-36, esta última de fecha 7 de septiembre del 1998 por el entonces titular de ese organismo regular, ingeniero Rubén Montás Domínguez.
“En virtud de que somos concesionarios de las referencias frecuencias, hemos realizado inversiones millonarias en equipos modernos cuya calidad y funcionamiento fue verificada y certificada mediante inspección efectuada por Indotel en fecha 27 de marzo del año 2012, tal como lo consigna el oficio 12011691 del 29 de noviembre de 2012, emitido por ese organismo rector de las telecomunicaciones”, manifestaron.
Dijeron que una de las pruebas realizadas por Satel y el Grupo Telemicro se ha determinado “la gravedad e inconveniente de que todas esas frecuencias estaban siendo utilizadas en sus normales operaciones por parte de Orange Dominicana para prestar servicio a una matrícula de más de un millón 600 mil usuarios de celulares e internet.
Aseguraron que han procedido a denunciar la situación públicamente ante las actitudes “beligerantes y de altanera indisposición” de los principales ejecutivos de la empresa en falta, por lo que en defensa de sus derechos han apoderado a los tribunales del orden judicial y del propio Indotel, para que impongan las sanciones correspondientes de la actividad ilícita y que ha estado “impunemente” desarrollando Orange, bajo un disfrute indebido de frecuencias ajenas y con un “altisonante enriquecimiento sin causa”.
Las empresas apelaron a la sensatez de las autoridades vinculadas al ramo para que adopten las medidas necesarias encaminadas a detener el atropello descrito y de impedir que los actuales representantes de Orange Dominicana no defrauden el ordenamiento legal vigente y los derechos de SATEL legítimamente protegidos, para evitar la ocurrencia de aquella “alocada hazaña de un osado forajido que en el año 1925, pretendió comercializar aquel símbolo histórico francés de la Torre Eiffel”.
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