El Estado dominicano detalló ayer cómo se realizó el alegado fraude con los terrenos de Bahía de las Águilas, en Pedernales y pidió la anulación de los títulos y cartas constancias emitidos sobre el inmueble.Laura Acosta, como parte demandante en representación del Estado, sostuvo que del 5 al 10 de febrero de 1996, el Estado transfirió al Instituto Agrario Dominicano (IAD) los terrenos de Bahía de las Águilas, donde creó un asentamiento agrario con más de mil 500 personas, a quienes emitió los títulos y luego vendieron a los “terceros adquirientes de buena fe”.
“Hay dos reclamantes aquí en esta sala”, dijo Acosta, “que son Puro Pichardo Fernández y Miguel Nelson Fernández, que junto a otros imputados fueron descargados en el proceso penal porque, entre otras cosas, devolvieron voluntariamente los terrenos adquiridos, cuyos títulos reposan en el expediente”.
En la audiencia que continuará el próximo lunes, Acosta manifestó, además, que en noviembre de 1997 con firma suscrita por José Altagracia Marrero Novas, que además de estar representado ha venido a las audiencias, devolvió un total de 88 títulos de propiedad (cartas constancias), de diferentes personas, muchas de las cuales, hoy reclaman las tierras.
Reveló que se inventariaron mil 491 títulos, algunos de los cuales no tienen firma y otros sin sellos del registrador. Dice Acosta, de manera irónica, que Jaime Rodríguez Guzmán, exdirector del IAD, iba beneficiar a campesinos para sembrar guazábara y cabrón, y criar iguanas en esas playas de Bahía.
El abogado del Estado Fermín Casilla Minaya pidió que se declaren nulas las transferencias, operaciones inmobiliarias, deslindes, subdivisiones, refundiciones y cualquier operación de transacción en perjuicio de los terrenos “propiedad” del Estado por ser fraudulentas. Asimismo, pidió ordenar la cancelación de todas las constancias de ventas anotadas, las hipotecas, contratos de arrendamientos, de cuota lites. Seis de los abogados de la parte demandada emitieron sus conclusiones pidiendo que se rechazara la demanda del Estado. En tanto, los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dirán hoy si extinguen el proceso penal de Bahía de las Águilas o si conocerán el expediente.
“Hay dos reclamantes aquí en esta sala”, dijo Acosta, “que son Puro Pichardo Fernández y Miguel Nelson Fernández, que junto a otros imputados fueron descargados en el proceso penal porque, entre otras cosas, devolvieron voluntariamente los terrenos adquiridos, cuyos títulos reposan en el expediente”.
En la audiencia que continuará el próximo lunes, Acosta manifestó, además, que en noviembre de 1997 con firma suscrita por José Altagracia Marrero Novas, que además de estar representado ha venido a las audiencias, devolvió un total de 88 títulos de propiedad (cartas constancias), de diferentes personas, muchas de las cuales, hoy reclaman las tierras.
Reveló que se inventariaron mil 491 títulos, algunos de los cuales no tienen firma y otros sin sellos del registrador. Dice Acosta, de manera irónica, que Jaime Rodríguez Guzmán, exdirector del IAD, iba beneficiar a campesinos para sembrar guazábara y cabrón, y criar iguanas en esas playas de Bahía.
El abogado del Estado Fermín Casilla Minaya pidió que se declaren nulas las transferencias, operaciones inmobiliarias, deslindes, subdivisiones, refundiciones y cualquier operación de transacción en perjuicio de los terrenos “propiedad” del Estado por ser fraudulentas. Asimismo, pidió ordenar la cancelación de todas las constancias de ventas anotadas, las hipotecas, contratos de arrendamientos, de cuota lites. Seis de los abogados de la parte demandada emitieron sus conclusiones pidiendo que se rechazara la demanda del Estado. En tanto, los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dirán hoy si extinguen el proceso penal de Bahía de las Águilas o si conocerán el expediente.
Decide se juzgue abogado disciplinariamente
Tras emitir sus conclusiones en nombre de Puro Pichardo, el abogado Valerio Fabián Romero pretendía dar calidades por unos intervinientes voluntarios en el proceso, esto provocó que la jueza pusiera en duda su integridad profesional, y tras reclamarle por lo ocurrido le envió por ante el Colegio de Abogados para que sea procesado por faltar al Código de Ética.
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