Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, se reservaron este lunes para una próxima audiencia el fallo sobre dos recursos de casación interpuestos contra de la sentencia que ratifica la condena de 18 años de cárcel a Rafael González Álvarez, por la muerte del empresario Guillermo Moncada, durante una discusión por un parqueo en el condominio en el ensanche Piantini, de esta capital.
Los jueces del tribunal Frank Soto, Alejandro Moscoso Segarra, Esther Agelán Casasnova y Hiroito Reyes, tomaron la decisión luego de escuchar las conclusiones del Ministerio Público, del abogado de la defensa y de los abogados de los familiares de la víctima.
En la audiencia, los doctores Serimares Olivo de Pichardo y Miguel Valerio Jiminián, solicitaron a los jueces del tribunal revocar la sentencia dictada el 17 de enero pasado por los jueces de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Asimismo, pidieron al alto tribunal dictar su propia sentencia y que en consecuencia condene a González Álvarez a 30 años de cárcel y que en caso contrario ordene la celebración de un nuevo juicio por un tribunal de segundo grado distinto al que emitió la sentencia.
Mientras que Francisco Taveras, abogado del imputado, había pedido al tribunal revocar la sentencia dictada por los jueces de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación y que en consecuencia ordene también la celebración de un nuevo juicio, por ante un tribunal distinto al que confirmo la sentencia dictada por los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
En tanto, el Ministerio Público pidió al tribunal rechazar los recursos interpuestos tanto por la parte civil constituida, así como por la defensa del imputado y que en consecuencia conforme la sentencia recurrida en casación, por improcedente mal fundado y carente de base legal.
El abogado del imputado había pedido al tribunal el aplazamiento de la audiencia a los fines de que su cliente fuera llevado a la sala de audiencia desde la cárcel donde guarda prisión, pedimento que fue rechazado por el tribunal alegando que en los recursos de casación no es necesaria la presencia del imputado.
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