Santiago de los Caballeros.- El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez salió al frente este viernes a las críticas sobre supuestas violaciones a los derechos humanos que hiciera una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encuentra de visita en nuestro país desde el pasado lunes.
Tras participar en una eucaristía con motivo a la presentación de memorias de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en Santiago, el prelado exigió a la CIDH a "no entrometerse" en los asuntos particulares del Estado dominicano.
"Aquí mandamos nosotros y sabemos cómo debemos hacer las cosas. La CIDH no tiene nada que meterse”, afirmó el religioso católico.
Responsabilizó al organismo internacional de querer burlarse del país, y pidió respetarlo como se hace con los grandes.
En otro orden, reiteró su respaldo al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular.
"El país se ha decidido regularizar a todas las personas que están aquí ilegalmente. Nadie tiene que venir a decirle a la República Dominicana lo que tiene que hacer como nación", concluyó el purpurado.
CIDH concluye visita "in loco" a RD. Estima sentencia TC es discriminatoria.
Este viernes la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos concluyó su visita in loco al país, la cual tuvo como finalidad, según el organismo, de observar la situación en lo relativo a los derechos a la nacionalidad, la identidad, la igualdad, la no discriminación, así como a otros derechos y problemáticas relacionadas.
En un documento leído en rueda de prensa esta mañana en el Hotel Crowne Plaza, la CIDH denunció que un número indeterminado de dominicanos han sido privados "arbitrariamente" de su nacionalidad, tras el fallo del Tribunal Constitucional que le niega esa condición a los hijos de extranjeros ilegales.
Asimismo, manifestó que la sentencia 168-13 tiene un efecto discriminatorio dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son, personas afro descendientes; Priva de la nacionalidad retroactivamente, y genera apátridas respecto de aquellas personas que no son consideradas como nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación.
En ese sentido, la CIDH instó al Gobierno a garantizar la nacionalidad a las personas nacidas en el país que la habían adquirido entre 1929 y la aprobación y entrada en vigencia de la Constitución de 2010, que ahora han sido afectadas por la sentencia de 168-13 del Tribunal Constitucional.
La CIDH consideró que no debe exigirse a las personas tuvieran la nacionalidad hasta la publicación de la sentencia del TC, se registren ahora como extranjeros para poder gozar de sus derechos.
Recomendó al gobierno que las medidas que adopte para resolver la situación deben ser generales y automáticas, y garantizar los derechos de las personas, los procedimientos sencillos y rápidos y su aplicación no puede ser discrecional.
"Los mecanismos que se pongan en vigencia para estos objetivos deben ser accesibles y económicos", significó.
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