La División de Antiterrorismo del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), con el apoyo de fiscales de la Procuraduría Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, apresó a siete ciudadanos paquistaníes y a un dominicano, oficial del Estado Civil, acusados de dirigir una poderosa red de tráfico de personas.
Precisó que la red era liderada por Mehmood Majeed Khan, quien utilizaba a República Dominicana como puente para enviar personas hacia Estados Unidos y Canadá, con documentaciones obtenidas de manera fraudulenta.
En una declaración escrita, el DNI afirma que a esta banda se le daba seguimiento desde hace más de un año, y que se realizaron varios allanamientos simultáneos, a la misma hora, para evitar que los implicados se comunicaran entre sí, en las provincias San Cristóbal, La Romana y el Distrito Nacional. Según la información, el paquistaní Majeed Khan, quien cumplió condena en EEUU por el mismo delito, utilizaba los servicios de personas que laboran para instituciones del Estado, entre ellas, la oficialía de Estado Civil de La Romana, a través de su encargado Alfonso Fernández Tirado, quien ha sido arrestado y trasladado a la capital.
A este funcionario se le ocuparon más de treinta actas de nacimiento falsas a nombres de extranjeros y otros documentos, como actas de matrimonios con la finalidad de obtener visados para que dominicanos y paquistaníes pudieran viajar a Estados Unidos.
Las autoridades recogieron evidencias de que oficial civil de La Romana gestionaba pasaportes, residencias temporales, cédulas, licencias de conducir, entre otras documentaciones, a extranjeros que residían de forma legal e ilegal en el país. Durante la operación fueron decomisados celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento, tabletas, sellos gomígrafos falsificados de distintas empresas. De igual forma, el oficial civil Fernández Tirado legalizaba actas de matrimonios entre paquistaníes y dominicanas, aunque esos extranjeros nunca viajaran al país. Antes de su apresamiento por el DNI, fue destituido por la Junta Central Electoral, que tenía pruebas de las acusaciones.
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